El coste del servicio de Deportes en el ayuntamiento de Sanse se estima en 110 millones de euros en un periodo de 15 años
Revista de prensa. Blog Es lo que hay.- En
el último consejo sectorial de Deportes, celebrado el 14 de Julio, el concejal
Javier Heras (Ganemos Sanse) aseguraba que eran necesarios algo más de 7
millones de euros en inversiones en instalaciones deportivas para asumir la
demanda de los clubes y usuarios.
Concretamente hablaba de construir un
complejo de campos de fútbol y un nuevo pabellón deportivo cubierto. Afirmaba
también el concejal que el Ayuntamiento no dispone ni dispondrá de dichos
recursos, por lo que la única solución pasaba por prorrogar el contrato actual
de Gestión del Servicio Público de Deportes otros 15 años más con la
concesionaria actual, quien se haría cargo de dichas inversiones.
El
nuevo contrato de gestión del polideportivo supondría en los términos acordados
un desembolso por parte del Ayuntamiento de más de 80 millones de euros durante
los 15 años del contrato, es decir, unos 5,3 millones anuales. Sin embargo, los cálculos que hacía en el año 2007 la propia concesionaria estimaban
en casi 5 millones de euros los ingresos por gestión (lo que pagamos los
vecinos y vecinas de Sanse directamente a la empresa en forma de abonos,
reservas de pistas, etc), lo que sumado a una aportación directa del
Ayuntamiento de 2,4 millones de euros anuales elevarían a 110 millones de
euros el coste de este contrato.
El
volumen de esta operación hace que resulte preceptivo el dictamen de la
Comisión Jurídica Asesora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211.3
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), al
superar tal modificación el 10 % del precio primitivo del contrato y ser
superior a 6.000.000 de euros.
Díctamen
La Comisión
Jurídica Asesora (CJA), sucesora del Consejo Consultivo de la Comunidad de
Madrid, recuerda en su escrito del 8 de Septiembre (aquí puedes acceder al dictamen completo) que “el
órgano de contratación sólo podrá
introducir modificaciones por razón de interés
público en los elementos que lo integran,
siempre que sean debidas a necesidades
nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el
expediente”
Asevera
la CJA que “no puede considerarse una simple modificación del contrato la
ejecución de una obra nueva y ajena que supera con creces la cuantía de la
inversión incluida en la primitiva licitación, el surgimiento de obligaciones
económicas para el Ayuntamiento que triplican la cuantía contenida en el tipo
de licitación primitiva, la ampliación total a treinta años de la duración
prevista inicialmente en el contrato, que no prórroga por quince, y la
reformulación total de las previsiones económicas para que en esos treinta años
pueda considerarse equilibrado el contrato”.
En
su análisis finaliza indicando que “se evidencia que con la propuesta de
modificación se infringe de manera improcedente, la observancia de los
principios básicos de la contratación pública” Se refiere la CJA a los
principios de publicidad y de concurrencia, comprendiendo este último también
los de competencia e igualdad de oportunidades, por lo que emite un
informe desfavorable a la operación que pretendía entregar 15 años más la
gestión del polideportivo Dehesa Boyal a la empresa que la gestiona a día de
hoy.
El
actual contrato se firmó en el año 2004, siendo alcalde José Luis Fernández
Merino (PSOE) con la empresa Altamarca, con una duración de 15 años, por lo que
finalizaría en 2019. Sin embargo, el actual equipo de Gobierno, en la persona
de su concejal de Deportes, pretende ampliar dicho contrato otros 15 años más,
en base a una cláusula del contrato de 2004, hipotecando de esa manera el
presupuesto de la delegación durante varias legislaturas. Es más, esta
decisión iría radicalmente en contra de la propuesta de remunicipalización de
los servicios públicos que forma parte del acuerdo de gobierno del tripartito
de izquierdas. Bien es cierto que con la actual Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local no es factible remunicipalizar el servicio de deportes, pero si
hubiese un futuro cambio en dicha normativa que permitiese que el Ayuntamiento
pudiera hacerse cargo de dicho servicio, habría que esperar a la finalización
de dicho contrato para poder hacerlo efectivo, nunca antes de 2034 con los
planes de Javier Heras.
El
trámite para prorrogar esta concesión no se inicia por parte del Ayuntamiento,
sino quesorprendentemente es la propia concesionaria quien lo solicita, siendo
rechazada dicha petición en la Junta de Gobierno del día 19 de Enero de 2016 ya que
no era potestad de la empresa prestadora del servicio la solicitud de dicha
moratoria. Pero, qué casualidad, en el siguiente punto del orden del día de
dicha Junta es el propio Ayuntamiento quien inicia el procedimiento de
modificación del contrato. El procedimiento definitivo se inicia tras acuerdo de la Junta de Gobierno del 14 de Junio por
caducidad del anterior.
En
la primavera de 2015 el anterior equipo de gobierno del Partido Popular
modificó la concesión del año 2004 otorgando la gestión a la empresa Santagadea
Gestión S.L., debido a los problemas económicos por los que atravesaba la
anterior concesionaria. Santagadea forma también parte de la UTE (Unión
Temporal de Empresas) que gestiona el centro de ocio y deportivo La Viña junto
a Técnicas Reunidas. Es una empresa sin apenas experiencia por entonces en el
campo de la gestión de instalaciones deportivas, y que compartía domicilio con
Altamarca. Su ex-presidente, Fernando Galindo Perdiguero, lo fue también de la
anterior adjudicataria. Santagadea Gestión aparece indirectamente en la trama
Púnica, ya que Waiter Music, una de las empresas pantalla de la trama, facturó
a Santagadea 6.050 euros por el patrocinio de actividades durante las fiestas
de 2013.
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